La economía en la Dictadura

 

El 2 de abril de 1976 el ministro de Economía, Jose Alfredo Martínez de Hoz, anuncio el programa del “Proceso”. Allí describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado por medio de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero – patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas. Etc.) y que también había protegido a los empresarios mediante aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. Esto acrecentó el déficit fiscal, una inflación alarmante y una burguesía renuente a invertir, por no tener competencia y por el alto costo laboral, producto de la capacidad de presión de los sindicatos.

El plan durante la Dictadura tuvo básicamente tres momentos:

Primero:  La lucha contra la inflación (estimada en el 600% anual) que consistió en un “plan de ajuste”: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron un 87.5 %, de esta manera se garantizó la ganancia empresarial y los sectores exportadores se beneficiaron por tener un dólar que “valía más” en el mercado nacional. Para evitar el déficit fiscal se redujeron los sueldos o se despidió a personal del Estado y se aumentaron los impuestos indirectos (al consumo) y las tarifas de las empresas públicas. La perdida de todos los trabajadores fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados a los empresarios del 17% del producto bruto interno (PBI).

Segundo fue la apertura económica a la competencia externa. Para ello se sanciono una ley que otorgó iguales derechos a las empresas nacionales y a las multinacionales, se establecieron leyes de promoción industrial al capital extranjero y se suprimieron aranceles a la importación. La pequeña y mediana empresa industria nacional fue la mas afectada por estas medidas liberales, muchas debieron cerrar sus puertas produciéndose un proceso de “desindustrialización”.

Tercero, se liberó el mercado financiero por medio de una nueva ley que posibilitó la apertura de nuevas casas de crédito y la liberación de la tasa de interés. Esto ocasionó una inmediata suba de las mismas y un crecimiento sorprendente de la cantidad de entidades financieras.

Un aspecto clave de la política de Martínez de Hoz fue la apertura de las importaciones, esto lo hacían con el pretexto de aumentar la eficiencia de la industrial para adaptarse a las exigencias del mercado internacional. Las industrias locales debían mejorar su calidad ya que competerían con los productos importados. Con el dólar subvalorado resultó más conveniente importar que producir. Antes se importaban insumos, es decir, equipamiento y material necesario para la industria, a partir de ese momento, se importaron bienes de consumo totalmente prescindibles y que se fabricaban en el país, como galletitas y otros alimentos, vestimentas de todo tipo, electrodomésticos, etc.  

A comienzos de los años 70 la deuda externa se transformó en otro de los mecanismos de acumulación de los grandes grupos económicos y de estructuración de la economía argentina. Dicha deuda creció de 8204 millones de dólares en 1976 a 43509 millones en 1983. De esta deuda, 29536 millones correspondían a la estatal y 13973 millones a la privada, el principal proceso de endeudamiento se realizó desde 1979. Las empresas publicas vivieron un colosal proceso de endeudamiento que los llevó a una situación de insolvencia patrimonial. Como el Estado fue el garante de deudas privadas, frente al incumplimiento del pago por los privados tuvo que responder pagando o refinanciando el compromiso.

La deuda externa

A comienzos de los años 70 la deuda externa se transformó en otro de los mecanismos de acumulación de los grandes grupos económicos y de estructuración de la economía argentina. Dicha deuda creció de 8204 millones de dólares en 1976 a 43509 millones en 1983. De esta deuda, 29536 millones correspondían a la estatal y 13973 millones a la privada, el principal proceso de endeudamiento se realizó desde 1979. Las empresas publicas vivieron un colosal proceso de endeudamiento que los llevó a una situación de insolvencia patrimonial. Como el Estado fue el garante de deudas privadas, frente al incumplimiento del pago por los privados tuvo que responder pagando o refinanciando el compromiso.

La plata dulce

La etapa de la circulación de dinero que producía más dinero fue denominada “la época de la plata dulce” y junto con el endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta: con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor. Los grandes grupos obtenían créditos, pero no lo invertían en la producción sino en la especulación.  A su vez, la clase media se dedicó a invertir sus “pequeños” ahorros en las financieras, con tasas de interés altísimas y a aprovechar el dólar barato para viajar al exterior y adquirir allí variedad de productos.

Como consecuencia se establecieron numerosos bancos en el país.

En 1980 fue el comienzo de un final anunciado, las exportaciones cayeron un 20 % respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30 %, acompañadas por una nueva crisis mundial, que, para un proyecto basado en el mercado externo, era determinante.

En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980 que puso fin a la etapa denominada “plata dulce”. La quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) fue el primer indicador. Siguió el cierre de otras 37 entidades financieras que a su vez repercutió en sectores industriales.


 Dólar

El valor de la divisa dólar orienta las transacciones internacionales de bienes, capitales y servicios. Si el valor del dólar está sobrevalorado con relación a la producción del país, se restringe naturalmente la compra de productos importados. Si el dólar está subvalorado las mercaderías extranjeras tienen precios mas bajos que las locales. 

 

El plan de Martínez de Hoz, que eliminó los controles del Estado a las grandes capitales y terminó con las políticas sociales del Estado de Bienestar, requirió el disciplinamiento de la sociedad. El objetivo era terminar con la protesta social, la exigencia de mejores salarios, la presión de los gremios y la lucha por un modelo de país que tuviera en cuenta a los trabajadores. La represión inusitada y la desaparición de los delegados gremiales fue la primera medida para paralizar la demanda. En segundo lugar, se promovió una tasa de desempleo como mecanismo natural del mercado, que permitió quebrar el poder de los sindicatos: si no había trabajo para todos, era afortunado el que lo conservaba, aunque tuviera un sueldo miserable. Una abrupta caída del empleo y del salario real fue lo que produjo la economía de la Dictadura.

Con la ley 21400 de “Seguridad Industrial”, se prohibió toda actividad gremial, el derecho a huelga y cualquier interrupción de la producción, estipulado penas de 5 a 10 años de cárcel. Se intervino militarmente a la CGT, se bloquearon los fondos y bienes gremiales, hubo despidos masivos de empleados públicos, reducción del personal ferroviario y docentes que quedaron cesantes o “en disponibilidad”.

Los objetivos del plan del Martínez de Hoz no se cumplieron: la inflación y la recesión fueron en aumento y la reforma financiera demostró que la política económica no se centraría en la producción sino en la especulación.

Organizaciones corporativas, se pronunciaron en contra del plan económico. Hacia finales de 1978 el propio gobierno militar tuvo que reconocer que no se había superado la inflación y que existía una recesión industrial y deterioro salarial.

La iglesia dio a conocer un documento en el que su preocupación por la situación social derivada de la aplicación del plan económico.

La oposición sindical que tras dos años de silencio comenzaron a expresar dirigentes peronistas, radicales, intransigentes, democristianos, y socialistas, se pronunciaron abiertamente en contra de los efectos de la política económica. Los sindicalistas organizaron en abril de 1979 la primera huelga contra el gobierno militar.

 

 





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